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El significado de la sociedad civil
para los pobres urbanos en Chile
Jaime Sperberg
El concepto de sociedad civil ha perdido su valor analítico y corre
peligro de transformarse en una noción «atrápalotodo», ya que se le
asignan diferentes dimensiones que varían según las respectivas
preferencias políticas. Para contrarrestar esta tendencia este ensa-
yo enfoca la sociedad civil tomando aspectos normativos de la teo-
ría de la democracia y de la ciudadanía. Los pobres urbanos chile-
nos son parte de una sociedad civil que pone énfasis en valores de-
mocráticos y que se relaciona activamente con las instituciones del
Estado. Bajo estas circunstancias los pobres urbanos se han adapta-
do al nuevo marco político-social, basándose en sus propias expe-
riencias y en el entorno político local. En este trabajo se argumenta
que los impedimentos para una mayor participación en la sociedad
civil de los pobres proviene en primer lugar de la actual estructura
política, que privilegia estilos tecnocráticos de governance y no toma
en cuenta los potenciales de autoayuda de los mismos actores.
¿En qué consiste la sociedad civil y cómo se puede adaptar este concepto al
estudio empírico del Chile posdictatorial? El presente ensayo presenta
un esquema teórico de análisis de las acciones políticas y sociales de los gru-
pos no integrados a la ciudad. Lo que interesa es, por lo tanto, encontrar un
marco teórico que incluya los cambios en el contexto político chileno después
de 1990. La moderación política de toda la sociedad chilena, incluyendo a los
pobres urbanos (pobladores), sobre los que aquí se va a tratar, ha sido un
factor determinante para entender las lógicas de acción de este grupo social.
Introducción
Según Hipsher la moderación política de los pobladores en Chile se debe a
tres factores: el fracaso de la estrategia de movilización social para derrotar
al régimen autoritario, la adaptación de las organizaciones de barrio a la
JAIME SPERBERG: doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Marburg; investigador en
el Departamento de Geografía de la misma universidad, Alemania.
Palabras clave: sociedad civil, pobladores, cultura política, Chile.
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lógica política partidaria durante la transición (1988-1990), y el temor a la
polarización política, tal como se dio antes del golpe militar de 1973. Algunos
expertos sobre el tema resaltan el rol central de los partidos políticos en el
proceso de moderación, que a través de los militantes transmitían sus lógicas
de acción sobre los barrios pobres (poblaciones), paralizando el movimiento
social de pobladores después de 1986-1987 (v., p. ej., Oxhorn). En nuestra
opinión, las protestas en la década de los 80 y el énfasis puesto en una estra-
tegia confrontacional con el régimen constituían una excepción en la larga tradi-
ción reivindicativa de los grupos subalternos en Chile. La aparente pasividad
política de los pobladores posterior a 1990 significó la vuelta a la normalidad
después de 17 años de dictadura, aunque en un contexto político-social total-
mente diferente al periodo anterior a 1973.
A modo de hipótesis, se postula que los pobladores en Chile cambiaron sus
pautas de comportamiento para adaptarlas al nuevo contexto político-social.
Este cambio de actitud está estrechamente relacionado con las transforma-
ciones sociales1, forzadas por el régimen militar entre 1973 y 1989, con el
nuevo contexto democrático a partir de 1990, así como también con el fracaso
de la estrategia confrontacional de los años 80.
Para verificar esta hipótesis, se definirá la sociedad civil como tipo ideal y se
profundizarán algunos aspectos que posteriormente servirán como indicado-
res en el análisis empírico. La selección de los pobres urbanos responde a la
convicción del autor de que la calidad de los procesos de democratización de-
pende de las posibilidades de participación dentro de las organizaciones de
la sociedad civil y de la capacidad de influir que éstas tengan sobre la política.
Aproximaciones al concepto de la sociedad civil
El concepto de la sociedad civil tuvo un gran auge durante los años 80 en
América Latina en el contexto de la lucha contra los autoritarismos y de los
procesos de democratización en la región. En el periodo inicial de su uso, el
concepto se refería de forma sinónima a los movimientos sociales, acciones
de protesta en contra de regímenes autoritarios, grupos de autoayuda o sen-
cillamente «sociedad». Por lo tanto, esto llevó a falsas interpretaciones del
concepto, e incluso a su rechazo, por doble motivo. Por un lado, el concepto se
ha usado de forma demasiado amplia, de manera tal que la sociedad civil se
sitúa en un «territorio de nadie» entre el Estado y la esfera privada. Se criti-
ca, entonces, la falta de precisión del concepto y los abusos de su uso por
parte de políticos y periodistas. Por otro lado, algunos teóricos de la sociedad
civil la conciben, siguiendo la tradición del siglo XVIII, como una sociedad de
mercado autorregulada e independiente del Estado. En la concepción liberal,
1. Tales transformaciones se refieren a la introducción de nuevos atributos en la relación
Estado-sociedad, como son los principios de subsidiareidad, el énfasis en el individualismo y
la competitividad. Estos principios tomaron forma concreta en el contexto de las «siete mo-
dernizaciones» de 1979, las que llevaron la lógica de funcionamiento de la economía hacia la
sociedad (cf. Oppenheim).
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la sociedad civil tiene que defenderse tanto de los intentos de usurpación por
parte del Estado (mediante el ejercicio de los derechos individuales), como
también del estado natural de Hobbes, o sea de las orientaciones egoístas y
antisociales provenientes de la misma sociedad (cf. Whitehead, p. 97 y s.).
Esta última concepción presenta algunas coincidencias con el término de Marx
de la sociedad civil «burguesa» (bürgerliche Zivilgesellschaft) lo que precisaría,
en este contexto teórico, la contraposición de una sociedad civil «proletaria» (cf.
Meschkat). Gramsci perfeccionó esta visión simplista de una oposición entre
dos clases, al referirse a una esfera cultural, la societá civile, que media entre
la clase dominada y dominante, y legitima de esa manera a los sistemas ca-
pitalistas. Gramsci plantea que es necesario contraponerle a la hegemonía
burguesa una hegemonía proletaria para que la sociedad civil haga un apor-
te positivo a la revolución socialista. Si por sociedad civil se entiende la bürger-
liche Gesellschaft, es decir la expansión del mercado, o sea la colonización del
ámbito social (el Lebenswelt de Habermas) por la economía, la crítica de iz-
quierdas contra el uso del concepto estaría entonces bien justificada.
Para superar estos problemas resulta provechoso aventurarse a la búsqueda
de una definición de la sociedad civil con contornos más explícitos y mejor
aplicable al análisis empírico. Esta definición tiene que incluir elementos
normativos, por un lado, para situarla en la tradición de Tocqueville y, por
otro, para diferenciarla de otros fenómenos societales. Antes de exponer la
definición de sociedad civil aquí elaborada, deben mencionarse tres aspectos
claves para su comprensión: 1) El objetivo de este trabajo es elaborar un tipo
ideal llamado «sociedad civil», o sea crear un concepto de alcance medio para
el análisis de la compleja realidad latinoamericana en general y chilena en
particular; 2) El concepto de sociedad civil que se empleará aquí no aboga
por un punto de vista netamente funcionalista, lo que apuntaría hacia la
estabilización de sistemas democráticos latinoamericanos, muchas veces con
severas restricciones en la participación y representación. La sociedad civil
es más bien un espacio en el que se reivindican derechos tanto políticos como
sociales, paliando de esa forma las desigualdades provenientes del ámbito
económico (cf. Pearce, p. 81); 3) La sociedad civil es un concepto relacional,
por lo que su análisis debe incluir a otros actores con los que se relaciona.
Esto implica un sistema democrático que alcance grados de responsivity (ca-
pacidad de respuesta) satisfactorios y que garantice algunos derechos políti-
cos fundamentales2. El postulado de relacionabilidad contradice a la concep-
ción liberal, que define a la sociedad civil como un ente defensivo dotado de
derechos individuales frente al Estado.
La definición que aquí se propone dice lo siguiente: La sociedad civil es un
campo de acción relativamente autónomo dentro del cual grupos e indivi-
duos persiguen sus intereses sociales y políticos de forma voluntaria, no vio-
2. Como lo señala Dahl, tales derechos son la libertad de expresión, de asociación y de infor-
mación.
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lenta, e interrelacionados con instituciones estatales en el ámbito nacional y
local. A pesar de que existe una gran desconfianza entre los actores de la
sociedad civil y los estatales, esta relación se caracteriza por la aceptación de
los procedimientos y las normas democráticas por parte de los actores. La
desconfianza de la sociedad civil hacia el Estado es primordial, ya que está
ligada a una de sus funciones centrales: el control y la limitación del poder
estatal (Diamond, p. 7). ¿Pero quién controla a la sociedad civil? Como no co-
rresponde que este papel lo cumpla el Estado, es imprescindible que sus or-
ganizaciones desarrollen estructuras democráticas a su interior.
Basándose en esta definición, conviene profundizar en algunos aspectos, ta-
les como la importancia de un contexto democrático para el desarrollo de la
sociedad civil, los requisitos individuales (político-culturales) para integrar-
la, el tema relacionado con la ciudadanía y los derechos sociales, así como la
estructura de oportunidad política en Chile.
La sociedad civil en un contexto democrático. La apertura de las sociedades
latinoamericanas hacia los sistemas democráticos cambió el carácter de la
sociedad civil. En los años 80, cuando aún perduraban algunos regímenes
autoritarios en América Latina, la sociedad civil tenía una elevada connota-
ción antiestatal. La oposición hacia un Estado autoritario justificaba el dis-
tanciamiento y la actitud de protesta. Con la recuperación de la democracia
entran en el juego un conjunto de actores estatales que ponen en primer
plano el aspecto relacional de la sociedad civil. El mayor énfasis puesto en
las relaciones con las autoridades políticas, así como la creciente dependen-
cia del Estado, han tenido como consecuencia una pérdida significativa de
autonomía por parte de la sociedad civil en las sociedades redemocratizadas.
La pérdida parcial de su autonomía aparece, desde un punto de vista de gober-
nabilidad, como funcional a las necesidades de una transición democrática pac-
tada con los actores del ancien régime. En ese mismo sentido, un segundo ele-
mento es la autolimitación de la sociedad civil, que implica la prescindencia
de los proyectos sociales apodícticos y excluyentes (Cohen/Arato, p. 17). La
autolimitación va dirigida, por esa razón, a evitar tanto demandas excesivas
como también el uso de métodos antidemocráticos, para no desestabilizar a
los nuevos y frágiles procesos de transición. Según Lauth/Merkel (p. 30) la
autolimitación de la sociedad civil en un eventual conflicto con instituciones
democráticas se justifica, porque ella solo tiene una base de legitimidad limi-
tada y particular. Sin embargo, aquí no se aboga por la total adopción de este
atributo, sino por el mantenimiento de la importancia del rol de la sociedad
civil durante los periodos de transición y consolidación, para superar así las
restricciones institucionales y sociales de la democracia, heredadas, en gran
parte, de los regímenes autoritarios. Aparte del control de las instituciones
estatales, la sociedad civil cumple también un rol importante en la profundi-
zación de la democracia en los ámbitos político, social y económico, al reivin-
dicar derechos sociales y políticos. En el caso de Chile, una sociedad civil
fuerte sería entonces capaz de pasar la cuenta por la deuda social acumula-
da por el régimen autoritario.
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Como la sociedad civil se define fundamentalmente en su relación con otras
instituciones, también hay que enfocar los requisitos de parte de los actores
estatales, para que ésta se haga efectiva. En este sentido cobra especial rele-
vancia la noción de governance, o sea la forma como se gobierna (cf. Rodríguez/
Winchester, p. 29 y s.). La estructura de oportunidad política3 juega un rol cru-
cial, ya que ésta tiene que ofrecer un mínimo de posibilidades para participar
y tener capacidad de respuesta a las demandas básicas. Un tercer elemento
de esta estructura lo representa el apoyo externo brindado a la sociedad civil
por las ONGs. Este apoyo ha disminuido en el Chile posdictatorial, por lo que
el Estado es ahora el principal referente de los pobres urbanos. La capacidad
de respuesta del sistema político chileno ha aumentado enormemente después
de 1990. Como consecuencia se puede constatar un aumento en la participación
social pasiva, que recibe los outputs de la política social de forma individual.
Por otro lado, la participación más activa (input) y que tiene una connotación
política está altamente institucionalizada y por ende controlada.
Sociedad civil y cultura política. La definición de sociedad civil implica tam-
bién la adopción de valores democráticos como son la no violencia, la toleran-
cia y la imparcialidad, los que constituyen un «consenso mínimo normativo»
(Lauth/Merkel). Este consenso implícito es justamente el común denomina-
dor de la pluralidad de los grupos pertenecientes a la sociedad civil. Respecto
al postulado de la no violencia, cabe señalar que no está permitida la agre-
sión o la amenaza física o síquica contra personas. Sin embargo, se excep-
túan las acciones relacionadas con la desobediencia civil, o sea los bloqueos
de carreteras, las ocupaciones de oficinas o de tierra y las huelgas ilegales,
que, dependiendo de la definición de violencia, pueden también incluir accio-
nes de fuerza. Rawls define la desobediencia civil como una acción pública,
no violenta y política contraria a la ley, que persigue el objetivo de cambiar
las leyes o las políticas de Gobierno (en Cohen/Arato, p. 571). En cierto grado,
algunas acciones de desobediencia civil ejercen un grado de presión, p. ej.,
cuando se cortan calles se le impide el paso a las personas que quieren circu-
lar por ese lugar. Pero no obstante eso, este tipo de acciones se justifica pri-
mero, por ser altamente efectivas, obligando a las autoridades políticas a au-
mentar su capacidad de respuesta, y, segundo, por ser solo transitorias. Por
lo común, después de esta actitud confrontativa se abre un proceso de ins-
titucionalización. La institucionalización de las acciones de la sociedad civil
es viable, porque las autoridades están sensibilizadas frente a un problema
social, y también están concientes del potencial de amenaza que provendría
de una sociedad civil fuera del sistema legal (cf. Lauth/Merkel, p. 78). Cohen
y Arato (p. 567) concluyen que, desde un punto de vista histórico, la desobe-
diencia civil ha sido el motor de la creación y de la expansión tanto de la ciu-
dadanía, como también de la democracia. Además, este tipo de acciones se
sitúa en los límites de la concepción de sociedad civil.
3. Tarrow (p. 54) define la estructura de oportunidad política de la siguiente manera: «...
consistent –but no necessarily formal, permanent, or national– signals to social actors which
either encourage or discourage them to use their internal resources to form social move-
ments».
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La incorporación de una perspectiva «desde abajo» permite agregar orienta-
ciones y percepciones individuales, así como también formas de acción políti-
ca. Estas pueden ser evaluadas, refiriéndose a las características y a los pos-
tulados normativos de la sociedad civil.
La antítesis de la sociedad civil son formas de acción que violan los princi-
pios arriba nombrados, como la delincuencia violenta, cuya expresión máxi-
ma es la mafia. Aquí cabe diferenciar entre una incivilidad latente y una
manifiesta: la incivilidad latente comprende una actitud intolerante y de
rechazo de los valores democráticos. En este caso la incivilidad se mantiene
en un ámbito de las actitudes u orientaciones subjetivas, de manera tal que
estos grupos o individuos son políticamente pasivos o participan en activida-
des políticas por motivos de oportunismo. Por otro lado, la incivilidad mani-
fiesta se inclina por ejemplo hacia la participación en bandas criminales.
Ciudadanía y sociedad civil. La ciudadanía en América Latina ha sido tratada
en primer lugar a partir del enfoque de los derechos sociales, como el derecho
al trabajo, a la educación, a la vivienda digna, al seguro por vejez, invalidez,
maternidad o enfermedad, y se ha constatado en muchos casos una ausencia
de facto de estos derechos, muchos de ellos garantizados de iure en las cons-
tituciones respectivas de cada nación (Jelin, p. 21). Con la llegada del pensa-
miento y la práctica neoliberales en los años 80, y su expansión en los 90, ha
cambiado profundamente el significado de la ciudadanía social. Tras la recu-
peración de los derechos políticos y civiles individuales después de largos
años de dictadura militar en algunos países de América Latina, el nuevo mar-
co político-social impone severos cambios en lo que concierne tanto a los de-
rechos sociales como también a la organización de la sociedad civil.
Paralelamente a la recuperación de los derechos civiles y políticos en las
últimas dos décadas, se puede percibir una pérdida de facto y de iure de los
derechos sociales en varios países latinoamericanos. En el caso de Chile, los
derechos ciudadanos se han limitado a los derechos civiles individuales fren-
te al Estado. La vivienda, el trabajo, la salud y la educación ya no son dere-
chos ciudadanos garantizados por el Estado, sino que pasaron a ser bienes
que hay que adquirir a través del mercado o, en caso de extrema pobreza, por
medio de programas sociales públicos focalizados. Con respecto a los pobres
de la ciudad, la participación en la sociedad civil está estrechamente ligada a
la ciudadanía social, ya que ésta implica demandas para solucionar sus pro-
blemas de índole social, como por ejemplo la falta de infraestructura, la mala
calidad de la vivienda, etc. Desde un punto de vista individual, un aspecto
clave de la ciudadanía es la disposición a participar activamente en la bús-
queda de soluciones a estos problemas y, por lo tanto, el intento de influir en
la toma de decisiones (participación política) (v. Kersting/Sperberg).
Pobreza y sociedad civil en Chile. En el periodo anterior a 1973, la sociedad
civil en Chile se caracterizaba por la preponderancia de los partidos políticos
sobre las organizaciones de interés en el ámbito social. La integración de los
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grupos organizados de la sociedad se realizaba por medio de la sociedad po-
lítica, la que articulaba los intereses de estos grupos hacia el Estado. Des-
pués de 17 años de dictadura, cambió la matriz de relación entre Estado y
sociedad hacia una mayor autonomía entre los diferentes subsistemas de la
sociedad (economía, sociedad civil y política, Estado) (cf. Garretón, p. 224). El
incremento de la autonomía no se refiere a la sociedad civil en su totalidad:
paralelamente a la retirada de los partidos políticos de la sociedad y a la pér-
dida de importancia de las ONGs, posterior a 1990 en Chile, la «sociedad civil
de los pobres» dependía cada vez más de las instituciones estatales. Hershberg
(p. 340) destaca que las políticas públicas más innovativas tendían a reflejar
un estilo tecnocrático de gobernar, dentro del cual las organizaciones de los
tino/Nueva Sociedad
© 2001 Astur Demar
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pobres, aparte de su implementación a nivel micro, no tienen ninguna inje-
rencia. El marco político y económico neoliberal limita, por cierto, en gran
medida el radio de acción de los pobres urbanos. Por otro lado, la reestructu-
ración neoliberal también dejó un espacio para que la sociedad civil se perfile
como una instancia de compensación a favor de la inclusión política y social
de los grupos postergados (cf. Hyden, p. 21 y ss.).
En cuanto a los tipos de relación entre Estado y sociedad existen tres patro-
nes que a menudo se mezclan: el tecnocrático, el populista y el ciudadanista
(v. Villasante). El patrón tecnocrático solo persigue la solución de problemas
técnicos y menosprecia la participación. En este caso, algunos dirigentes ne-
gocian con las autoridades políticas el ingreso a los programas sociales. El
patrón populista se basa en relaciones privilegiadas entre algunos «caciques»
de la sociedad civil y el Estado. La participación de la población solo se pres-
ta para presionar a las autoridades al movilizar a grandes grupos. El patrón
ciudadanista hace hincapié en los derechos sociales y políticos. Aquí la parti-
cipación de la sociedad civil en diferentes tipos de acción es primordial.
Cada uno de los patrones se caracteriza por la falta de coordinación entre los
diferentes grupos de la sociedad civil, motivo por el cual no se logra una inte-
gración horizontal y la formación de movimientos sociales con lógicas de acción
homogéneas. Aunque existe una gran afinidad entre el patrón tecnócrata y el
modelo neoliberal, las otras formas de relacionamiento no han desaparecido
en Chile. Los grupos atomizados de la «sociedad civil de los pobres» se rela-
cionan, en primer lugar, con las instituciones en el ámbito local. Después del
traspaso de funciones (educación básica, salud) de los niveles centrales hacia
las regiones y municipalidades, se puede constatar en ese ámbito un aumen-
to de la complejidad: esta se expresa en la dispersión de los centros de deci-
sión (oficinas públicas, empresas) a los que suelen acudir los pobres urbanos.
Paralelamente, algunos actores estatales hacen suyo el discurso según el
cual la participación de la población es primordial para incrementar la efecti-
vidad y la competitividad de las municipalidades (v. Chalmers et al., p. 55 y
ss.). No obstante eso, en aquellas comunas donde predomina un patrón tecno-
crático el postulado de participación no se aplica. Pero, aun así, el ámbito local
se vuelve cada vez más importante para el desenvolvimiento de la sociedad civil,
ya que proporciona un abrigo para la política «desde abajo» (v. Vilas, p. 30).
La sociedad civil de los pobres urbanos en Chile
¿Cómo se manifiesta la sociedad civil de los pobres urbanos, tomando en
cuenta los requisitos y aspectos arriba enunciados? ¿Hasta qué punto las ac-
ciones de los pobres urbanos son compatibles con las condiciones expuestas
anteriormente? Para dar respuesta a estas interrogantes se presentarán los
tipos de acción relacionados con la sociedad civil de los pobres urbanos, se
enfatizarán las disposiciones subjetivas de los actores y se expondrán tanto
las oportunidades como también las limitaciones que ofrece el sistema políti-
co chileno para un desarrollo genuino de la sociedad civil de los pobres.
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Tipos de acción de la sociedad civil de los pobres urbanos4. La sociedad civil
de los pobres urbanos comprende a los gestionistas (18%), los contestatarios
(16%) y los combinadores (combina gestiones con actos contestatarios, 25%).
El resto se reparte entre los inactivos (8%), los solo electores (26%) y los mi-
litantes políticos (7%).
Los gestionistas. Este conjunto de actividades perteneciente a la estructura
institucional de participación local comprende la actividad en juntas de veci-
nos y comités de vivienda u otros. Estos grupos tienen en común el objetivo
de resolver los problemas concretos que afectan a la comunidad en su totali-
dad. Desde el punto de vista del individuo, éste delega su participación al gru-
po, por lo que nos permite hablar de una participación colectiva. El carácter
instrumental de la participación en este tipo y la dedicación a los problemas
cotidianos tiene como consecuencia la existencia de un nexo directo entre la
participación como gestionista y los resultados que se obtienen a través de ésta
(cf. Cornelius, p. 1126). Este nexo sirve como estímulo para comenzar a partici-
par o para no abandonar el grupo. Las gestiones se hacen mediante contactos
políticos, que generalmente son presentadas por delegaciones o dirigentes de
las organizaciones gestionistas. En Chile estas «gestiones» se realizan cada
vez más postulando a un proyecto, lo que hace disminuir la arbitrariedad de
los contactos personales. Al mismo tiempo, las exigencias técnicas para ela-
borar correctamente una solicitud son enormes, por lo que las organizacio-
nes requieren de la ayuda de agentes especializados. Estas son las ONGs
que fueron cooptadas e integradas en el aparato estatal. El tipo gestionista
tiene una gran afinidad con el patrón tecnócrata de relación entre Estado y
sociedad y se destaca por restarle importancia a la autoayuda. Al mismo tiem-
po se le exige al Estado la solución directa de sus problemas (Kersting/Sper-
berg, p. 141 y s.).
Las razones que llevan a participar en este tipo son el descontento con las
condiciones de vida y la conciencia de que los problemas de vivienda u otros
solo se pueden solucionar de forma colectiva. De igual manera, la evaluación
positiva de la democracia como régimen político y de las autoridades políti-
cas, en comparación con la valoración más negativa de los otros tipos de
acción y de la población chilena en total (cf. Garretón et al.), influye directa-
mente en los niveles de participación de este tipo. La mayor confianza en la
democracia y en las autoridades resulta de las buenas experiencias partici-
pando como gestionista (Sperberg).
Los contestatarios. Este tipo pertenece al grupo de participación no-conven-
cional, es generalmente ilegal, no está institucionalizado, participar en él
puede ser muy peligroso y sus acciones suelen ser de corta duración. Las ac-
ciones de protesta y desobediencia civil se dan mediante ocupación de ofici-
4. Los tipos de acción se determinaron con ayuda de un análisis factorial y de cálculos afi-
nes.
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nas, invasión de terrenos, manifestaciones y huelgas ilegales. Las activida-
des contestatarias pueden servir de punto de partida para movimientos so-
ciales, siempre y cuando las autoridades políticas hagan oídos sordos de las
demandas y los conflictos se agudicen. Este tipo es más común en aquellos
barrios pobres donde existe una cultura de protesta y las tradiciones de con-
flictos pasados se transmiten de generación en generación por medio de diri-
gentes y organizaciones. A diferencia de los gestionistas, solo 16% de los con-
testatarios exigen del Estado una solución directa a sus problemas y enfatizan
de esa forma la autoayuda.
Los combinadores. Los combinadores usan tanto la estrategia confrontativa
como también la institucional. También tienen una visión relativamente equi-
librada entre una actitud que privilegia la intervención directa del Estado y
la orientación hacia la autoayuda. De esa forma, los pobres urbanos se adap-
tan a las circunstancias políticas vigentes, aumentando su capacidad de con-
flicto si bien se trata de lograr un objetivo. En comparación con las otras for-
mas de acción, este tipo se caracteriza por tener una mejor percepción de la
cohesión del barrio.
Estos tres tipos de acciones se orientan en gran medida hacia los problemas
del entorno donde viven, no se relacionan con partidos políticos y mantienen
en cierta medida una autonomía relativa frente a las instituciones estatales.
Asimismo, con la excepción de los gestionistas, se puede notificar un cambio
cultural en el sentido de que ya no se exige tanto la ayuda directa del Estado,
sino que se vuelve cada vez más importante la voluntad de autoayuda
(Sperberg).
Además, las organizaciones relacionadas con los tipos arriba descritos tienen
una estructura interna democrática. Asimismo, las actividades de los tres ti-
pos son generalmente de poca duración ya que tienden a desaparecer después
de la solución de los problemas básicos. Esto coincide con las lógicas de funcio-
namiento del patrón tecnocrático, para el cual la participación debe ser solo
instrumental y puntual. Sin embargo, el significativo porcentaje de combi-
nadores demuestra el dinamismo existente en el uso de formas de acción y de
estrategias dentro de la «sociedad civil de los pobres urbanos». Esto indica que
el patrón tecnocrático no se ha impuesto en su totalidad.
Valores democráticos, legitimidad política y ciudadanía. Los valores demo-
cráticos, como la libertad de expresión, la igualdad entre el hombre y la mu-
jer, etc., están bien arraigados dentro del grupo de los pobres urbanos chile-
nos (v. Kersting/Sperberg, p. 143). La larga tradición democrática chilena y
la experiencia con el autoritarismo han hecho posible una alta valoración de
virtudes democráticas. Sin embargo, esto contrasta con la baja legitimidad
de las autoridades políticas y la democracia como régimen político, lo que se
explica por las grandes expectativas al iniciar el proceso de redemocratiza-
ción en 1990 y su frustración con el pasar de los años. En parte, también se
explica por el avance de las relaciones burocráticas y tecnócratas, que impi-
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den tanto una participación más amplia como una relación más directa con
las autoridades políticas.
Por lo menos en el caso de los contestatarios y los combinadores se puede
hablar de una «ciudadanía responsable» (v. Jelin), que se destaca por la pre-
valencia de valores democráticos y por la disposición hacia la autoayuda de
los pobres urbanos. Esto ha tenido como consecuencia, parcialmente, un acer-
camiento entre la cultura política de masas y la estructura política posterior
a 1990. La cultura política de los pobres urbanos se caracteriza por una orien-
tación más bien instrumental de la participación, un rechazo a los partidos
políticos y una moderación con respecto tanto a las ideologías como a las for-
mas de acción preferidas (Sperberg). La evaluación errada sobre las caracterís-
ticas de cultura política por parte de la dirigencia política en las poblaciones,
hizo fracasar la integración de los pobladores en un movimiento más amplio.
Empero, el desempeño de los derechos y las acciones ciudadanas dentro del
contexto democrático en Chile se ha visto seriamente limitado por una pre-
ponderancia de las actitudes y acciones tecnócratas de las autoridades.
Estructura de oportunidad política. Mientras que el consenso mínimo norma-
tivo es asumido por todos los actores de la sociedad civil, prevalecen aún
algunos déficit en el sistema político como para hacer efectivo el tipo de rela-
ción que requiere la sociedad civil.
La estructura de oportunidad política puede se enfocada por el lado de los
input y de los output. En el marco de la redemocratización, por el lado de los
input se han proporcionado nuevas posibilidades para hacer efectiva la par-
ticipación social y política. El ámbito local fue completamente redemocratizado
y ofrece a los pobres urbanos, mediante la participación en juntas de vecinos,
la posibilidad de influir sobre la repartición de los bienes colectivos. Por cier-
to, es evidente la tendencia hacia la fragmentación y desintegración de las
organizaciones de los pobres de la ciudad, ya que la estructura de oportuni-
dad política permite la creación de pequeños grupos reivindicativos. Estos
grupos a menudo se relacionan directamente con las instituciones estatales
especializadas. En el caso de la política de vivienda, se usa un sistema de
incentivos para fomentar la creación de grupos con no más de 50 miembros.
De esta forma el Gobierno puede controlar mejor los recursos a repartir y
puede restarle conflictividad al problema de la vivienda. Según una posición
oficialista, grupos organizados de mayor tamaño podrían poner en peligro la
gobernabilidad y la estabilidad política del país. En el caso de los pobres
urbanos se hace referencia al temor de que los grupos bien organizados pu-
dieran exigir una repartición populista, poniendo en peligro el equilibrio
macroeconómico alcanzado en la década de los 90 con una política fiscal
monetarista (Sperberg).
Por el lado del output del sistema político, el desempeño en materia de políti-
ca social de los gobiernos de la concertación (coalición de gobierno de centro-
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izquierda) ha tenido bastante éxito después de 1990; sobre todo en política
de vivienda se ha podido reducir el déficit acumulado por el régimen militar.
A diferencia de los años 80, las instituciones que se dedican a la política social
han cobrado gran importancia para los pobres urbanos, ya que sobre todo los
gestionistas recurren constantemente a ellas. Desde un punto de vista cuali-
tativo, el resultado de la política social de los gobiernos de la Concertación no
ha sido muy positivo. Aunque el nivel de focalización de los recursos estata-
les para los más desposeídos ha aumentado, esto no ha redundado en una sig-
nificativa reducción de la repartición desigual del ingreso.
Por tal motivo, la sociedad civil cumple un rol importante en la disminución
de la brecha entre los más ricos y los más pobres. Justamente la estrategia
contestataria es la que arroja los mejores resultados en este sentido.
Conclusión
La conceptualización de la sociedad civil, incluyendo los elementos normati-
vos y analíticos en su definición, nos permite diferenciar las acciones ligadas
a ella de aquellas que violan los principios básicos de la civilidad, como son la
delincuencia y los actos de violencia. La sociedad civil de los pobres urbanos
se relaciona mediante un patrón tecnocrático, populista o ciudadanista con
actores estatales. El patrón ciudadanista, que logra una mayor autonomía
frente al Estado y a los partidos políticos, está ligado a los tipos de acción
contestataria y a una estrategia mixta (gestiones y protestas). Este patrón
implica también la voluntad de invertir energías propias en la solución de
los problemas que afectan a los pobres urbanos, haciendo hincapié en los
derechos sociales y políticos.
A pesar de las diferentes formas de acción y de los distintos patrones de
relacionamiento de la sociedad civil de los pobres con el Estado, el común de-
nominador de ésta es el asumir valores democráticos y el uso de métodos no
violentos. Así, los pobladores se han adaptado al nuevo marco político-social,
basándose en sus propias experiencias y en el entorno político local.
Las limitaciones que impiden una mayor participación en la sociedad civil
de los pobres provienen en gran medida de las estructuras de oportunidad
política chilena, que privilegia los estilos tecnocráticos de governance. De
esta forma, las autoridades políticas no consideran adecuadamente las po-
tencialidades de la autoayuda de los pobres de la ciudad. En este contexto
cabe también señalar que las acciones de la sociedad civil no son tan durade-
ras como las ligadas a las instituciones netamente políticas (partidos, grupos
de interés). Por eso, el desarrollo de una sociedad civil fuerte dentro del gru-
po de los pobres urbanos es un proceso aún no finalizado.
Queda por saber si la orientación hacia el entorno local y la negativa de los
pobres a participar en la sociedad política, arrojará el necesario apoyo a la
democracia para que ésta se consolide.
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